Huelga decir que la primera generación de emigrantes de Beariz y Avión no se dio como consecuencia de aventuras juveniles, sino por la firme decisión de hombres maduros, curtidos en el trabajo que, muy a pesar suyo, no podían resolver en sus pueblos las necesidades más elementales de sus familias.

Aquellos hombres y por igual mérito las mujeres que sufrieron su ausencia, asumieron con entereza aquella dolorosa separación familiar. Unos y otras, cada cual en su cometido, no escatimaron esfuerzos para realizar un proyecto común lleno de incertidumbres, cuyo éxito solo pudieron lograr con su inquebrantable voluntad de superación y el firme propósito de conseguir para sus hijos un futuro mejor del que nos hubiera tocado vivir si ellos no hubiesen realizado aquel sacrificio.

Monumento al Emigrante, inaugurado en 1997

Sin embargo, a los supervivientes de aquellos emigrantes pioneros, sus cónyugues y descendientes, fuera de su ámbito familiar, ningún mérito le es reconocido. El Estado Español, tan atento a las peticiones de asociaciones de todo tipo, algunas meramente coloristas, ignora la gesta de este numeroso colectivo de emigrantes que, en los difíciles años de la posguerra, contribuyeron, como nadie puede negarles, al desarrollo de España, ahorrándole, además, desde entonces y hasta nuestros días, cargas sociales al Estado, que necesariamente tendría que asumir si ellos y sus familias hubieran permanecido en Espana, donde sus descendientes, que posteriormente les siguieron, hubieran demandado hoy un gran número de puestos de trabajo.

Quienes emigraron a México, donde su ocupación solo era posible en la venta ambulante y pequeños negocios familiares, carecieron de toda protección social, teniendo que procurarse, a sus expensas, la asistencia médica para ellos y sus familias y, en todo caso, hacer las necesarias previsiones económicas para el supuesto de incapacidad del cabeza de familia, única protección que esta ha tenido en su emigración a México.

A este respecto, el convenio de Seguridad Social, suscrito el 28 de noviembre de 1994 entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, tal como proclama su preámbulo, tiene el indudable propósito de favorecer a los trabajadores de ambos países y por tanto, teóricamente, beneficia por igual a los mexicanos que trabajan en España como a los españoles que trabajan en México.

El problema para los españoles residentes en México, cuya mayor parte se ocupan de modestos negocios familiares, ha surgido de la inadmisible ignorancia que el Gobierno de Felipe González ha demostrado tener de aquella realidad social. De tal forma que, una vez suscrito el convenio sobre Seguridad Social entre ambos países, dio por extinguido, como si fuese innecesario, el Convenio Especial Para Emigrantes e Hijos de Emigrantes, que tenían suscrito gran número de españoles residentes en México.

De este modo, el Gobierno e España ha cancelado la única posibilidad que tenían los emigrantes residentes en México para adquirir los derechos a una pequeña pensión de la Seguridad Social española, y si bien estos derechos pueden, en algunos casos, obtenerlos ahora del Instituto Mexicano del Seguro Social, la futura pensión ha de estimarse prorrateando los años cotizados en España y los cotizados en México, que al ser necesariamente más los cotizados en aquel país el importe de la pensión se aproximará, en igual medida, a lo que cobren los pensionistas mexicanos. Con ello, debido al alto coste de vida en España en relación con el de Mexico, impedirá al español que perciba una pensión mexicana vivir una vejez digna en su país de origen.

La trascendencia de este tema merece que los emigrantes españoles residentes en México sean oídos en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y se corrija la situación creada con la extinción del Convenio Especial para Emigrantes e Hijos de Emigrantes.

El nuevo Gobierno presidido por José María Aznar, puede y debe evitar la injusticia que significaría desterrar de por vida a nuestros emigrantes de sus pueblos de origen, a los que siempre han deseado regresar. Esta intención se manifiesta por la cantidad de emigrantes que estaban afiliados al extinguido Convenio Especial y la preocupación que constato por las consultas que se me formulan para conocer las posibilidades de recurrir ante los Tribunales de lo social la injusta decisión de extinguirlo.

Son tantos los vínculos familiares, económicos y afectivos que los emigrantes de Beariz y Avión, entre otros, han creado en México, país al que consideran su segunda patria, que ellos mismos reconocen que las posibilidades de su definitivo retomo a España son remotos, pero la sociedad española tiene una deuda con ellos y no puede privarles de esa opción.

En cualquier caso, su afiliación a la Seguridad Social española les proporcionaba un mínimo de seguridad para su futuro. Esta pretensión no supera a la de cualquier otro ciudadano español y, desde la perspectiva económica, al Estado le reportaria mas ingresos que el gasto que ello pueda suponer, al beneficiarse de los ahorros acumulados durante su vida laboral y fortalecer el sentimiento español de sus descendientes.

En ocasiones quienes conforman la Ley impiden que se haga Justicia. La extinción del Convenio Especial para Emigrantes e Hijos de Emigrantes, es el mejor exponente de ello.

Por lo que a mi respecta, profundamente convencido de la razón asiste a los afectados, a quienes me unen lazos familiares y de amistad, me uno a la protesta de quienes se les ha privado de lo que en justicia les pertenece.